La campaña presidencial de 2026 ha entrado en su fase más crítica tras la explosiva revelación del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos posee información detallada sobre un plan para atentar contra la vida del candidato Iván Cepeda. Según el mandatario, estos grupos de «extrema derecha» buscarían desestabilizar el proceso democrático mediante un magnicidio, lo que ha encendido las alarmas en los organismos de seguridad nacional y ha puesto en duda las garantías para el ejercicio político en las regiones más tensionadas del país.

Ante la gravedad del anuncio, el senador y candidato Iván Cepeda manifestó que solicitará de inmediato un informe pormenorizado a las autoridades judiciales para conocer el alcance real de la amenaza, aunque fue enfático en que no abandonará su carrera hacia la Casa de Nariño. Esta denuncia se conecta directamente con la narrativa del presidente Petro, quien ha vinculado estas supuestas operaciones con un «plan sistemático» para frenar el avance de las fuerzas progresistas, comparando la situación con episodios de violencia política internacional y exigiendo una protección reforzada para los aspirantes de su coalición.

Sin embargo, el panorama de inseguridad no es exclusivo de un solo sector; la tensión es generalizada en todo el arco político. Minutos después del anuncio oficialista, el expresidente Álvaro Uribe denunció un plan del ELN para atentar contra la candidata Paloma Valencia, mientras que otros aspirantes como Abelardo de la Espriella también han reportado seguimientos e interceptaciones. Este cruce de acusaciones y amenazas reales dibuja un escenario sombrío para las elecciones, donde el miedo al retorno de las épocas de violencia política parece ser, por ahora, el protagonista indiscutible de la contienda.