La Gobernación de Antioquia, en conjunto con la Alcaldía de Medellín y Comfama, asumió nuevamente las riendas de la EPS Savia Salud tras un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia que ordenó la devolución de la entidad a sus socios originales. Luego de tres años bajo la intervención del Gobierno Nacional, la secretaria de Salud e Inclusión Social del departamento, Alma Solano Sánchez, dio un parte de tranquilidad a los más de 1,5 millones de afiliados, garantizando que el proceso de empalme con el interventor ya está en marcha. El objetivo prioritario de los accionistas es diseñar una hoja de ruta conjunta que permita recuperar la estabilidad financiera, devolver la confianza al sector y estabilizar la prestación de los servicios médicos en el departamento.

Sin embargo, el panorama financiero y operativo que recibe la región es crítico. La funcionaria reveló que, antes de ser intervenida en 2023, la EPS arrastraba obligaciones por cerca de 500 mil millones de pesos, una cifra que bajo la gestión de la Superintendencia de Salud se disparó de forma alarmante hasta alcanzar una deuda estimada de $2 billones de pesos. Ante este severo deterioro económico, que se ha traducido en demoras en la atención y afectaciones directas a los usuarios, los socios ordenaron de manera inmediata una auditoría forense para conocer con exactitud la realidad institucional de Savia Salud y determinar las causas de este descalabro.

A pesar de los desafíos normativos y los antecedentes de decisiones imprevistas por parte de las autoridades nacionales, la administración departamental mantiene el acelerador a fondo para concluir la transición a más tardar el próximo 30 de junio. El compromiso del gobernador Andrés Julián Rendón y de todo el equipo técnico es subsanar lo que calificaron como una «intervención errática» y blindar el derecho a la salud de las familias antioqueñas. Con paso firme y basándose en la transparencia de los hallazgos contables, los socios estratégicos buscan transformar este complejo rescate financiero en una garantía definitiva para preservar la vida y el bienestar en cada rincón del territorio.