El informe pericial emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha dado un giro radical a la investigación sobre la muerte de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que falleció tras someterse a una lipólisis láser en una clínica clandestina en el sur de Bogotá. Aunque inicialmente las hipótesis apuntaban a una complicación médica común en estos procedimientos, como una embolia pulmonar o una reacción a la anestesia, el dictamen forense reveló un escenario de extrema violencia. De acuerdo con los hallazgos, la causa directa del deceso estuvo ligada a un «procedimiento de succión adiposa en abdomen y dorso», pero ejecutado de una manera tan deficiente y desproporcionada que desató un colapso generalizado en su organismo.

Fracturas y heridas cortopunzantes: El alarmante reporte de Medicina Legal

Los detalles del documento, difundidos por medios nacionales, describen un panorama desgarrador que evidencia la absoluta falta de condiciones técnicas y humanas en el lugar de los hechos. Los peritos forenses documentaron múltiples fracturas en los arcos costales de ambos lados del cuerpo, compatibles con un fuerte trauma físico, además de hematomas profundos en la región lumbar y tejido graso de la espalda. Lo más alarmante para los investigadores es el registro de 11 heridas causadas con un elemento cortopunzante (cuatro en la parte anterior y siete en la posterior), distribuidas en zonas como el abdomen, el tórax, las axilas y los glúteos, sumadas a lesiones hemorrágicas en los músculos del cuello que agravan el cuadro de violencia analizado.

Este caso ha encendido nuevamente las alarmas en el país sobre la proliferación de centros estéticos ilegales y la desprotección de los pacientes. Tras el fatal desenlace en la capital, el cuerpo de Yulixa fue abandonado en una carretera del municipio de Apulo, Cundinamarca, donde permaneció desaparecido durante seis días antes de ser hallado por las autoridades. La indignidad en el trato del cadáver y la gravedad de las lesiones internas encontradas han llevado a que la Fiscalía General de la Nación direccione la investigación no solo como un caso de mala praxis médica, sino como un acto criminal con un alto componente de violencia física y ocultamiento de evidencia.

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