En un nuevo y contundente balance, la Administración Distrital de Medellín reveló que la cifra de presuntas irregularidades cometidas durante la alcaldía anterior ascendió a 666 hallazgos, sumando 165 nuevos casos a los 501 reportados inicialmente. De acuerdo con el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, las inconsistencias en la contratación presuntamente direccionada superan el billón de pesos, un volumen de recursos con el que se habría podido financiar durante un año el programa Buen Comienzo o construir 10 megacolegios. El mandatario denunció un descarado desvío de fondos a través de grupos de chats como «Los Amiguitos» para la compra de lujos en plena pandemia, exponiendo además graves casos como la presunta venta de la gerencia de Afinia por ocho millones de dólares e irregularidades multimillonarias en contratos del Inder, Metroparques, el Parque de las Aguas y el mantenimiento de zonas verdes.

El avance de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación y las autoridades competentes arroja ya un robusto acervo de más de 13.000 elementos probatorios, 157 testigos y 97 peritos. Este material ha derivado en 55 personas imputadas, tres capturas, una condena, siete destituciones y 25 medidas de extinción de dominio. Entre los expedientes más avanzados destaca el desvío de más de $18.000 millones en contratos entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí —con siete vinculados y una condena—, así como las imputaciones por detrimentos patrimoniales en el programa de alimentación infantil Buen Comienzo y la vigencia del proceso judicial por el predio Aguas Vivas.

Ante la magnitud del entramado y la sospecha de que los recursos públicos fueron desviados hacia cuentas en el exterior, la Alcaldía confirmó la entrega de pruebas clave a agencias del Gobierno de Estados Unidos. El objetivo es rastrear giros financieros hacia Panamá y Miami que involucrarían a presuntos socios y testaferros, lo que podría derivar en futuros pedidos de extradición. Finalmente, Gutiérrez enfatizó que este proceso no obedece a una persecución política sino a la lucha contra la corrupción, concluyendo que la recuperación de la confianza institucional ha permitido lograr un recaudo histórico, la mejora en las calificaciones de riesgo de la ciudad y la ejecución de más de 1.800 obras en marcha.